Aprobada la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que sustituirá a la actual norma de 1882. Se trata de una reforma que busca modernizar el proceso penal español, adaptándolo a la realidad constitucional y a los estándares europeos. La nueva ley será la primera en atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías.
La iniciativa responde a un compromiso asumido hace más de dos décadas en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001 y cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2028, sin afectar a los procedimientos ya iniciados.
Fiscal investigador y juez de garantías
El nuevo modelo procesal establece que el fiscal dirija la investigación de los delitos, mientras un juez de garantías controlará las actuaciones que afecten a derechos fundamentales, como la entrada en domicilios, la interceptación de comunicaciones o la prisión provisional.
Una vez concluida la investigación, otro juez —el de la audiencia preliminar— decidirá si procede la apertura del juicio oral. El enjuiciamiento será realizado por un tercer juez, con lo que se refuerza el principio de imparcialidad judicial previsto en el artículo 117 de la Constitución Española.
Este esquema reproduce el modelo seguido en la mayoría de los países europeos, donde el juez no investiga, sino que garantiza la legalidad del proceso.
Refuerzo de las garantías y papel de la víctima
La LOECrim refuerza la presunción de inocencia y regula con mayor detalle los derechos del investigado, especialmente en materia de medidas cautelares, que deberán revisarse cada seis meses.
El texto también refuerza la protección de las víctimas, incluyendo medidas para evitar su revictimización y promover la justicia restaurativa, conforme al Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015). Se presta especial atención a menores, personas con discapacidad y víctimas en situación de vulnerabilidad.
Innovación tecnológica y autonomía del Ministerio Fiscal
La reforma introduce el uso de nuevas tecnologías en la investigación criminal, como análisis de ADN, evidencias digitales e inteligencia artificial. Además, actualiza la acusación popular, limitando su ejercicio a quienes acrediten un vínculo legítimo con el interés público, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El proyecto también modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reforzando su autonomía. El Fiscal General del Estado tendrá un mandato de cinco años no coincidente con el del Gobierno, y el Ejecutivo no podrá darle instrucciones particulares sobre casos concretos.
