La Audiencia de Sevilla eleva consulta al TJUE
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que estimaron parcialmente los recursos de amparo de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE. Entre los beneficiados se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El tribunal considera necesario acudir a la justicia europea ante las dudas sobre la compatibilidad de esas resoluciones con el Derecho de la Unión.
El caso ERE y el riesgo de impunidad
El tribunal ha optado por suspender la ejecución de las resoluciones del TC mientras se resuelve la cuestión prejudicial. Según el auto, existe un “riesgo sistémico de impunidad futura” si se permite que ciertas actuaciones en la fase de elaboración de los presupuestos autonómicos queden excluidas del control penal. La Audiencia advierte que esto podría comprometer la lucha contra la corrupción política y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, especialmente en el contexto de ayudas y fondos comunitarios.
Diferencias entre el Derecho español y el comunitario
La Audiencia sevillana cuestiona que el TC haya interpretado los delitos de prevaricación y malversación de forma que excluyen de responsabilidad penal a los cargos públicos que intervinieron en la tramitación presupuestaria. Según el tribunal, esta visión nacional es incompatible con la Directiva (UE) 2017/1371 y con la jurisprudencia del TJUE, como la sentencia Euro Box Promotion (21 de diciembre de 2021), que refuerza el deber de los tribunales ordinarios de aplicar directamente el Derecho de la Unión en caso de conflicto con normas o resoluciones nacionales.
Cuatro preguntas al TJUE sobre la actuación del TC
La Audiencia ha formulado cuatro cuestiones prejudiciales. En ellas pregunta si el Derecho de la Unión permite que un tribunal constitucional no integrado en el Poder Judicial imponga a los tribunales ordinarios una reinterpretación de los elementos normativos de los tipos penales. También cuestiona si puede quedar sin control judicial cualquier fase del procedimiento presupuestario, desde la elaboración hasta la ejecución, y si es compatible con los principios europeos la impunidad de conductas que perjudican al patrimonio público. Finalmente, plantea si un tribunal nacional puede inaplicar sentencias del TC que contradigan el Derecho europeo.
Posible colisión institucional y consecuencias jurídicas
Según la Audiencia, las sentencias del TC pueden haber invadido funciones reservadas a la jurisdicción ordinaria y socavado el papel del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley penal. Además, alerta de que una interpretación como la sostenida por el TC podría generar desigualdad en la aplicación del Derecho de la Unión en el territorio europeo, perjudicando el control penal efectivo sobre conductas que afectan a fondos públicos.
