Sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 26/2025, de fecha 29 de enero, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad número 5514-2023. En esta sentencia, se declara la nulidad parcial de varios artículos de la Ley 12/2023, promulgada el 24 de mayo, que establece derechos relacionados con la vivienda.
Fundamentos de la impugnación
Los demandantes argumentaron que la Ley 12/2023 invadía competencias que corresponden a las comunidades autónomas y restringía derechos fundamentales. Las principales cuestiones impugnadas incluyeron:
- Competencias en urbanismo y vivienda: Se alegó que la ley imponía medidas que debían ser gestionadas por las comunidades autónomas en relación con el suelo y la vivienda pública.
- Autonomía financiera: La norma establecía obligaciones para las administraciones locales y autonómicas en la gestión de ingresos provenientes de sanciones y enajenaciones de viviendas públicas.
- Derecho de propiedad (art. 33 CE): Se cuestionaron las limitaciones al precio del alquiler en áreas de mercado tensionado y la obligación de destinar suelo a vivienda social.
- Acceso a la justicia (art. 24 CE): Se denunció que la exigencia de requisitos adicionales para la admisión de demandas de desahucio por parte de grandes tenedores restringía el derecho a la tutela judicial efectiva.
Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal ha dictaminado la nulidad parcial de varios preceptos de la Ley 12/2023, incluyendo:
- Requisitos para la admisión de demandas de desahucio: Se anulan por considerarse que imponen obstáculos procesales desproporcionados a los grandes tenedores.
- Limitaciones a la renta de alquiler en zonas tensionadas: El Tribunal considera que estas limitaciones afectan el derecho de propiedad y exceden la función social que puede imponer el legislador.
- Gestión del suelo y vivienda pública: Se eliminan las disposiciones que invadían la competencia autonómica en materia de urbanismo.
No obstante, el Tribunal ha decidido mantener otros artículos de la ley, al considerarlos dentro del marco de la planificación económica estatal.
Consecuencias
A nivel normativo, la anulación de estos artículos obligará a una revisión legislativa para adaptar la Ley 12/2023 a los límites constitucionales establecidos por el Tribunal.
