Nuevo reglamento de accesibilidad cognitiva en España
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, que desarrolla el reglamento de accesibilidad cognitiva. La norma fija las condiciones mínimas que deben cumplir las Administraciones y las empresas para que las personas con dificultades cognitivas comprendan la información y los servicios. Responde a un mandato legal pendiente desde 2022.
Reglamento de accesibilidad cognitiva | El mandato pendiente desde 2022
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007, obliga a garantizar la accesibilidad universal. Ese principio permite que las personas con discapacidad vivan con independencia y participen en igualdad de condiciones.
Sin embargo, una parte de esa accesibilidad ha pasado inadvertida durante años. Cuando una persona con dificultades cognitivas recibe una notificación judicial o un diagnóstico médico, puede encontrar barreras insalvables para entenderlo.
Para corregir esta situación, la Ley 6/2022, de 31 de marzo, modificó la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Encomendó al Gobierno aprobar un reglamento de desarrollo, mandato que ahora cumple el Real Decreto 707/2026.
Las condiciones del reglamento tienen carácter de mínimos. Las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y los ayuntamientos podrán fijar exigencias adicionales dentro de sus competencias.
¿Qué entiende la norma por accesibilidad cognitiva?
El reglamento de accesibilidad cognitiva ayuda a comprender la información del entorno y a comunicarse e interactuar con él sin discriminación. Distingue tres tipos de herramientas para lograrlo.
Los recursos de información y comunicación incluyen el lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa. Los recursos de orientación abarcan la señalización y los pictogramas. Los recursos de accesibilidad tecnológica llegan hasta la inteligencia artificial.
El reglamento también define las dificultades cognitivas como las barreras que una persona encuentra para comprender, comunicarse e interactuar con su entorno. Pueden derivar de una discapacidad, de la edad, de la pobreza, del analfabetismo o del desconocimiento del idioma.
Reglamento de accesibilidad cognitiva | Obligaciones para Administraciones y empresas
El texto fija obligaciones concretas en telecomunicaciones, espacios públicos, transporte, sanidad, justicia, empleo y participación política. Las empresas de telecomunicaciones deberán adaptar contenidos, formularios y sistemas de pago.
En el transporte, estaciones y vehículos deberán ser de uso fácil e intuitivo, con un plazo máximo de quince años para adaptar señales y avisos. Los servicios sanitarios deberán ofrecer información en lenguaje sencillo y permitir el acompañamiento de una persona de confianza.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar formularios comprensibles y personal formado en accesibilidad cognitiva. En la Administración de Justicia, la persona con dificultades cognitivas podrá contar con un facilitador procesal.
Refuerzo en el medio rural y para las mujeres
El reglamento presta especial atención a quienes viven en el medio rural. La despoblación, la escasez de servicios y la brecha digital multiplican allí las barreras cognitivas.
También reconoce que el género agrava esas barreras. Las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan un riesgo mayor de violencia y discriminación, según el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Por ello, la norma exige una atención reforzada en ambos casos.
Sanciones y entrada en vigor
Las infracciones se sancionarán conforme a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y, en el orden social, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El real decreto modifica, además, otras cuatro normas relacionadas con el voto accesible, la participación política y los espacios públicos urbanizados. La norma no supone incremento de gasto público, ya que se financiará con los créditos disponibles.
El reglamento de accesibilidad cognitiva entrará en vigor el 2 de enero de 2027. Además, prevé un catálogo de pictogramas para la señalización en un plazo de tres años.
