El Tribunal Supremo ha anulado la expulsión de un ciudadano paraguayo en España, al considerar que la Administración no justificó de manera adecuada la imposición de esta sanción. Según la sentencia, la mera estancia irregular no es suficiente para decretar la expulsión si no se acreditan circunstancias agravantes que justifiquen una mayor severidad en la sanción.
Falta de justificación en la expulsión
La Delegación del Gobierno basó su decisión en antecedentes policiales genéricos, sin aportar detalles sobre el resultado de las detenciones ni su relevancia para evaluar la peligrosidad del afectado. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional establece que estas referencias genéricas no pueden justificar por sí solas la expulsión.
Requisitos para la expulsión según la Ley de Extranjería
La Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería permite sancionar la permanencia irregular con multa o expulsión, pero esta última solo puede aplicarse cuando se justifique su necesidad con criterios de proporcionalidad. El Tribunal Supremo recuerda que la expulsión no puede imponerse automáticamente, sino que debe fundamentarse en factores adicionales que acrediten una mayor gravedad en la conducta del extranjero.
La importancia de la motivación en las resoluciones administrativas
El Tribunal enfatiza que la Administración debe incluir en sus resoluciones todos los elementos de hecho y de derecho que respalden la expulsión, valorando de manera individualizada las circunstancias personales y familiares del afectado. Además, es fundamental respetar los principios de proporcionalidad y motivación.
Conclusión: La expulsión debe estar debidamente motivada
Dado que en este caso no se cumplían los requisitos exigidos por la jurisprudencia, la expulsión ha sido anulada. El Tribunal Supremo refuerza así la doctrina que impide la aplicación automática de esta sanción y exige que solo se imponga cuando existan circunstancias agravantes debidamente acreditadas.
