El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la sanción impuesta a una funcionaria interina por ejercer la profesión de abogada sin la correspondiente autorización de compatibilidad. Este fallo refrenda la importancia de la adherencia a las normativas de compatibilidad profesional para los empleados públicos.
Antecedentes y Desarrollo del Caso
El origen del caso se sitúa en la apelación presentada por la funcionaria contra resoluciones administrativas que la sancionaron por una supuesta incompatibilidad de funciones. La apelación tenía como fin la anulación de las sanciones, argumentando la ausencia de pruebas sobre la falta alegada y solicitando la restitución de su posición y emolumentos no recibidos.
La funcionaria enfrentaba una falta considerada muy grave bajo la legislación aplicable, lo cual resultó en la terminación de su nombramiento y la prohibición de obtener uno nuevo por tres años. La impugnación se centró en cuestionar la validez de un documento que demostraría la incompatibilidad, alegando falsedad y una incorrecta incorporación al procedimiento.
La defensa de la funcionaria argumentaba que el documento, datado el 3 de mayo de 2021, fue falsamente atribuido a ella, careciendo de validez probatoria. No obstante, el tribunal de primera instancia concluyó que, sin pruebas concretas de falsedad, el documento no podía ser descartado.
Evaluación y Conclusión Judicial
El análisis judicial abarcó desde la validez del procedimiento administrativo y la obligatoriedad de declaraciones de no incompatibilidad hasta la evaluación de indicios sobre el ejercicio de la abogacía y la presunción de inocencia. Se determinó que la funcionaria, al afirmar no realizar actividades incompatibles, era responsable de dicha declaración.
La apelación fue desestimada basándose en una revisión detallada de los argumentos y evidencias, concluyendo que la apelante no logró refutar efectivamente las conclusiones administrativas sobre el ejercicio de la abogacía ni la sanción impuesta. Asimismo, se le impuso el pago de las costas del procedimiento.
Este caso subraya la importancia del cumplimiento de las normas de compatibilidad profesional en el ámbito público, reafirmando las consecuencias legales de su incumplimiento.
