La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fechada el 24 de enero de 2024, resuelve una disputa significativa entre ACESA, la concesionaria de la autopista AP-7, y el Estado español, desestimando la mayor parte de la reclamación de ACESA que ascendía a 4.000 millones de euros. Este caso tiene sus raíces en un convenio firmado en 2006 entre ACESA y la Administración para la modificación y ampliación de la autopista, destinada a aliviar la congestión vehicular. Según el convenio, ACESA se comprometió a realizar las inversiones necesarias para dicha ampliación, con una fórmula establecida para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
Al finalizar la concesión en agosto de 2021, el Consejo de Ministros acordó compensar a ACESA con 1.069,9
Tras la finalización del plazo de concesión en 2021, el Consejo de Ministros acordó compensar a ACESA con 1.069,9 millones de euros, una cifra muy inferior a los 5.373 millones de euros que ACESA estimaba adecuados según el convenio. La concesionaria impugnó esta decisión, centrando su discrepancia principalmente en la interpretación de la fórmula matemática de compensación establecida en el convenio.
No obstante, el Tribunal Supremo estimó parcialmente la demanda de ACESA, reconociendo 32,9 millones de euros por inversiones adicionales realizadas y aceptadas por la Administración
El Tribunal Supremo, en su fallo, rechazó la interpretación de ACESA, que incluía una supuesta garantía de tráfico, argumentando que el convenio no contemplaba tal garantía ni transferencia del riesgo de demanda. Además, el Tribunal estimó parcialmente la demanda de ACESA, reconociendo 32,9 millones de euros por inversiones adicionales aceptadas por la Administración. No obstante, rechazó otra parte de la reclamación relacionada con la reducción del tráfico de la AP-7 debido a desdoblamientos en carreteras nacionales, al no encontrar pruebas de que estos afectaran significativamente el tráfico de la autopista.
La sentencia es notable por su análisis detallado de las complejidades contractuales y financieras involucradas en la gestión y modificación de infraestructuras de transporte a gran escala, proporcionando claridad sobre la interpretación de los convenios de concesión y las expectativas razonables de compensación económica en estos acuerdos.
