El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia clave en materia de acoso laboral en el sector público. En la STC 3672-2022, el Tribunal reconoce la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral de un policía local que sufrió hostigamiento laboral tras denunciar a varios compañeros. La inacción de la administración permitió la consolidación de un entorno laboral hostil, atentando contra la dignidad del agente y vulnerando su derecho fundamental.
Motivos de la decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal enfatiza que el derecho a la integridad moral, recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, no solo protege frente a torturas o tratos inhumanos, sino también frente a situaciones de acoso sistemático en el ámbito laboral. En este caso, el agente fue objeto de represalias, aislamiento y menosprecio, todo ello derivado de sus denuncias.
Elementos clave de la sentencia
- Entorno laboral degradante: Se acreditó que el policía local sufrió un hostigamiento constante, con el propósito de socavar su posición profesional y su bienestar emocional.
- Inacción de la administración: A pesar de las denuncias presentadas, los órganos competentes no adoptaron medidas adecuadas para frenar el acoso, permitiendo su prolongación en el tiempo.
Responsabilidad de la administración ante el acoso laboral
El fallo subraya que las instituciones públicas tienen la obligación de prevenir y actuar ante el acoso laboral. La administración, al no intervenir de forma diligente, permitió la perpetuación del hostigamiento e incumplió su deber de garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso.
Además, el Tribunal advierte que la falta de respuesta puede derivar en un menoscabo progresivo de la dignidad de la víctima, con graves repercusiones en su salud mental y estabilidad personal. El acoso laboral en la función pública no solo afecta el desempeño profesional, sino que genera un sufrimiento emocional intenso y prolongado.
Conclusión: un fallo ejemplar sobre acoso laboral en el sector público
La STC 3672-2022 no solo reconoce la vulneración del derecho a la integridad moral del policía local, sino que también refuerza la obligación de las administraciones de tomar en serio las denuncias por acoso laboral.
El Tribunal Constitucional concluye que la prolongación del acoso, sumada a la falta de intervención efectiva, consolidó un ambiente de represalias y menosprecio, lo que supuso una clara vulneración del derecho fundamental del agente.
Esta sentencia establece un precedente importante en la protección de los trabajadores públicos frente al acoso institucional, subrayando la responsabilidad del Estado en la prevención y erradicación de estas conductas.
